En un drástico giro de los eventos, el gobierno de Veracruz ha anunciado la disolución de la Fuerza Civil, un cuerpo policial que ha estado en funciones desde hace casi una década, tras un trágico incidente que resultó en la muerte de dos manifestantes en la localidad de Totalco, municipio de Perote.

El origen de la Fuerza Civil se remonta al 21 de octubre de 2014, cuando fue presentada en un evento en la Macroplaza del puerto de Veracruz bajo la administración del entonces gobernador Javier Duarte de Ochoa. En aquel momento, el secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz, hizo un llamado a la corporación para respetar los derechos humanos y la transparencia.

Sin embargo, casi diez años después, la participación de la Fuerza Civil en un operativo para dispersar una manifestación en Perote ha sellado su destino. El 20 de junio de 2024, manifestantes de Perote y municipios cercanos de Puebla bloquearon carreteras para denunciar a la empresa Granjas Carroll, acusándola de acaparar agua de la Cuenca Libres Oriental, lo que afecta el suministro en las comunidades y causa daños ambientales.

Durante la operación para levantar el bloqueo, agentes de la Fuerza Civil utilizaron gas lacrimógeno y dispararon al aire. En un momento crítico, dispararon contra un tractor donde se encontraban los hermanos Jorge y Alberto Cortina Vázquez, de 37 y 29 años respectivamente, causándoles lesiones mortales.

Hasta el momento, no se ha reportado la captura de los agentes responsables de la agresión. Ante este trágico evento, la Secretaría de Gobierno de Veracruz ha decidido disolver la Fuerza Civil y establecer un mando único operativo bajo una sola Dirección, adscrita a la Subsecretaría de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). Se asegura que los derechos policiales de los elementos y los laborales del personal administrativo serán preservados durante este proceso de transición.

En paralelo, la Segob de Veracruz ha informado sobre acciones contra Granjas Carroll por incumplimientos ambientales desde marzo de 2023, cuando se dictaron medidas administrativas para evitar la contaminación del suelo, aire y agua. El gobierno estatal ahora busca la verificación inmediata del cumplimiento de estas medidas y está coordinando inspecciones adicionales con la Profepa y Semarnat para garantizar el cumplimiento de la normativa federal.

Este episodio no solo marca el fin de una unidad policial emblemática en Veracruz, sino que también subraya la necesidad urgente de revisar y reformar las estrategias de seguridad y el cumplimiento ambiental en la región, en un esfuerzo por restaurar la confianza pública y prevenir tragedias futuras.

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