El Partido de la Revolución Democrática (PRD) se encuentra en una encrucijada luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) lo notificara sobre su ingreso a una etapa de «prevención», al no alcanzar el 3% de la votación válida en los cómputos distritales. Esta situación pone en riesgo la supervivencia del partido, que ahora enfrenta un proceso de liquidación que ha comenzado a manifestarse en sus propias oficinas.

En videos que circulan en redes sociales, se puede observar a trabajadores del PRD desalojando las instalaciones con algunas pertenencias y diversos artículos, señal inequívoca de los efectos de la crisis interna que enfrenta la agrupación política.

Ante este escenario desalentador, algunos integrantes del partido han expresado su intención de impugnar al menos 300 distritos electorales mediante un juicio electoral, aunque reconocen que las expectativas de éxito son limitadas.

El proceso de liquidación, que comprende etapas de prevención hasta que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirme la pérdida del registro, impone una serie de obligaciones y restricciones al PRD:

  1. Solo se permitirá el pago de gastos relacionados con la nómina e impuestos.
  2. Suspensión de cualquier pago a proveedores o prestadores de servicios.
  3. Prohibición de celebrar contratos, compromisos, pedidos, adquisiciones u obligaciones.
  4. Suspensión de pagos de obligaciones vencidas.
  5. Prohibición de enajenar activos del partido.
  6. Prohibición de realizar transferencias de recursos o valores a favor de cualquier persona.
  7. Entrega formal de un Acta de entrega recepción al interventor, detallando los activos y pasivos del partido.
  8. Restricción de actividades distintas a la recuperación de cuentas y la liquidación del patrimonio.

La Comisión de Fiscalización designará en los próximos días a la persona que actuará como interventor en el proceso de liquidación.

El PRD, que no logró alcanzar el 3% de la votación válida en las elecciones federales del pasado 2 de junio, espera que el TEPJF analice el proceso de validación de los cómputos electorales para demostrar que el partido no alcanzó la cifra necesaria y evitar así la pérdida de su registro como partido político.

 

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